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El Parlamento español aprobó ayer definitivamente una nueva reforma de la Ley de Extranjería que vincula el fenómeno migratorio con las necesidades del mercado laboral. Se amplía de 40 a 60 días el período de retención de extranjeros indocumentados, limita la reagrupación familiar al cónyuge, hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y de los padres del reagrupante, que sean mayores de 65 años y que justifiquen su residencia en España.

El texto, que entrará en vigencia en los próximos días, volvió a la Cámara Baja después de pasar por el trámite del Senado y fue apoyado por un ajustado margen de 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones. Mientras que los colectivos de inmigrantes la rechazan y califican de “injusta” y “xenófoba”.

En España residen 4,5 millones de inmigrantes, que representa el 12% de la población. La tasa de desempleo alcanza el 17,9% en el país, la más alta de la Unión Europea, entre los extranjeros se encuentra en el 27,5%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Es la cuarta reforma de la Ley de Extranjería. La nueva ley permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las Comunidades Autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio.