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El Juez de lo Penal número 2 de Santander acaba de condenar a una mujer de 39 años de edad a siete meses de prisión por un delito de "violencia de género contra su pareja", con la que en el momento de los hechos se encontraba en trámites de separación matrimonial y a la que no podrá acercarse durante dos años, con la que ha mantenido una relación sentimental durante 17 años.

Los hechos cuentan que la acusada mantuvo una discusión con su ex pareja por las diferencias económicas que las enfrentan debido a la ruptura de su relación y al no aceptar ésta las propuestas de solución dadas por la perjudicada y encontrándose la acusada en el domicilio familiar comenzó a insultar a su pareja, llegando a empujarla y agarrarla del cuello y a golpearla contra la pared.

La denunciante fue asistida médicamente el mismo día, siendo diagnosticada de eritema, erosiones en el cuello, y traumatismo parieto-occipital muy leve, tardando en curar dos días. La acusada negó la agresión a su pareja, aunque reconoció la existencia de diferencias que se han acentuado ante la ruptura matrimonial, la situación económica y la ausencia de recursos de ambas que les impide abandonar la vivienda donde convivían matrimonialmente, por lo que se ven obligadas a compartir la citada vivienda, que causa estos problemas.

La sentencia señala que la agresión aparece materializada en el parte de asistencia y en el informe médico forense aportados a la causa. Por ello la sentencia, contra la que cabe recurso, condena a la acusada como autora de un delito de violencia doméstica (maltrato físico) y a la pena de siete meses de prisión; y le impone la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y lugar de trabajo por el término de dos años y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante el plazo de un año y nueve meses y a una indemnización a la perjudicada por la cantidad de cincuenta euros por las lesiones causadas.

El Artículo 153.1 del Código Penal dice: "1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años".

Se deduce, por tanto, que la víctima es una mujer y el agresor un hombre. En el caso comentado en la noticia de este foro, se trata de dos mujeres lesbianas. El Juez no sabe qué es violencia de género ni sabe distinguirla de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Jurídicamente es incorrecto aplicar el articulo 153 a un matrimonio de mujeres.

La Ley contra la Violencia de Género fue creada para erradicar la violencia que se ejerce por los hombres a las mujeres en las relaciones de pareja.

¿Y si la violencia es entre dos hombres homosexuales, también la calificarían como "violencia de género"?

1. La violencia de género es de los delitos familiares que más cuidado y repercusión han tenido en España en los últimos años. La violencia contra la mujer en su relación de pareja con un hombre se ha convertido en un asunto de interés público. Inicialmente la violencia de género intentó combatirse dentro de la tutela de todos los miembros vulnerables del ámbito doméstico, convirtiéndola en un caso más dentro de las relaciones de subordinación y dominio, en donde la mujer aparecía asociada a los seres más débiles de las relaciones familiares, como los niños, incapaces y ancianos. Esto creaba una confusión entre violencia doméstica y violencia de género, los cuales hacen referencia a realidades distintas y con penas distintas. La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, define la violencia de género como aquélla que sufren las mujeres “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”(art. 1).

La violencia contra las mujeres constituye una violencia social que tiene su origen en la discriminación estructural de la mujer por el reparto no equitativo de roles sociales entre los sexos femenino y masculino. Con esta Ley se crean unos agravantes para tutelar de modo más intenso a la mujer frente a eventuales agresiones de su pareja hombre; y se apuesta por una sociedad menos autoritaria, donde primen las técnicas pacíficas en la resolución de conflictos y el respeto de la dignidad y demás derechos básicos de la personalidad, sin diferencia alguna en razón de su sexo o de otras circunstancias personales. La mujer debe ser protegida de manera especial y exclusiva frente a su pareja, el hombre agresor, si es que se puede llamar “hombre” al que pega y maltrata de palabra y de obra a su mujer o ejerce violencia psicológica sobre ella o la amenace o coaccione.

El Pleno del Tribunal Constitucional defiende la constitucionalidad del artículo 171.4 del Código Penal que castiga con más dureza las amenazas sin armas cuando la víctima sea una mujer pareja o ex pareja del infractor. El citado artículo impone penas de seis meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días para “el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. La amenaza en este caso se considera por tanto un delito, cuando en un ámbito distinto de la pareja, es una falta. Lo mismo sucede con la coacción (Artículo 172).

La orden de protección constituye un instrumento legal diseñado para proteger a la mujer víctima de la violencia de género frente a todo tipo de agresiones, amenazas o coacciones. Solicitando la orden de protección es posible obtener un auto judicial que adopta medidas penales y civiles, al mismo tiempo que activa los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por parte del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. La orden de protección puede pedirla la propia víctima o sus familiares cercanos, en el Juzgado de Guardia o en el Juzgado de Violencia contra la mujer, pudiéndose acompañar partes médicos, denuncias o cualquier otro documento de interés. El teléfono 016 ofrece información gratuita y confidencial sobre los servicios existentes en violencia de género y asesoramiento jurídico especializado.

2. La violencia doméstica se da cuando las víctimas del delito de las agresiones físicas y psicológicas o de las amenazas y coacciones son los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

El maltratador o la maltratadora serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. Cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, también le impodndrá inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.